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Burgos Bajo Asedio: La Crisis de la Okupación y la Inacción del Gobierno

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema creciente y alarmante en Burgos. Según los datos del Ministerio del Interior, en los primeros seis meses de 2022, se registraron 19 okupaciones en la provincia, colocándola como la segunda con más delitos de este tipo en Castilla y León, solo por detrás de Valladolid. Este incremento es parte de una tendencia nacional preocupante que ha visto un aumento del 37% en las okupaciones desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno en 2018.

Un Problema Creciente en Burgos

La situación en Burgos es especialmente grave. Según un informe reciente, cada semana se okupa una vivienda en la provincia, lo que significa que cada semana una familia burgalesa se queda sin su hogar debido a la acción de okupas ilegales. Este dato podría ser incluso más alarmante, ya que muchas okupaciones no se denuncian debido a la resignación de las familias ante la ineficacia de la actual legislación.

El Partido Popular (PP) de Burgos ha tomado medidas proactivas frente a esta crisis. Recientemente, ha presentado una Proposición de Ley contra la okupación ilegal, la primera de una serie de propuestas que el partido nacional aprobaría si Alberto Núñez Feijóo llegara a la presidencia. Esta ley busca establecer una política de tolerancia cero con las personas que okupan propiedades ilegítimamente, creando una gran alarma social y despojando a las familias de su derecho a la propiedad.

Propuesta de Ley del PP: Un Paso Hacia la Solución

La propuesta del PP incluye medidas contundentes, como el desalojo forzoso de las viviendas okupadas en un plazo de 24 horas tras la notificación judicial. Además, pretende aumentar las penas dentro del Código Penal de uno a tres años para aquellos que utilicen viviendas okupadas como lugar de empadronamiento y para quienes fomenten la okupación mediante manuales de instrucciones y asesoramiento.

Desde la perspectiva del PP, estas medidas son necesarias y urgentes. En palabras de los representantes del partido, “la actual legislación no protege adecuadamente a los propietarios ni disuade a los okupas”. El optimismo del PP sobre la aprobación de esta ley se basa en el apoyo que han recibido de partidos como Junts y el PNV, lo que podría garantizar una mayoría en el Congreso para su tramitación.

La Inacción del PSOE y sus Consecuencias

Contrario a las acciones del PP, el actual gobierno del PSOE ha sido criticado por su inacción y falta de respuestas efectivas a este problema. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, las okupaciones han aumentado de manera alarmante. Las políticas actuales no solo han sido insuficientes para detener este incremento, sino que en muchos casos parecen haber facilitado el fenómeno.

El PSOE ha sido acusado de centrarse en mantener el poder y tramitar cuestiones que benefician únicamente a su agenda política, dejando de lado problemas cruciales para la ciudadanía. La parálisis legislativa en el Congreso de los Diputados es un ejemplo claro de esta falta de acción. Han pasado casi ocho meses sin que se tomen medidas significativas para abordar la crisis de la okupación, dejando a muchas familias en una situación de vulnerabilidad y desamparo.

La Realidad en Castilla y León

Aunque Castilla y León es una de las autonomías menos afectadas por la okupación en comparación con otras regiones de España, el problema sigue siendo significativo. En el primer semestre de 2022, se registraron cerca de 155 okupaciones en la comunidad, con Burgos y Valladolid a la cabeza. A nivel nacional, cerca de 9.000 viviendas fueron okupadas, con casi la mitad de estos casos ocurriendo en Cataluña.

La diferencia en las cifras entre Burgos y Valladolid es notable. Mientras que Valladolid registró 71 okupaciones, casi la mitad del total de la comunidad, Burgos reportó 19. Sin embargo, la tendencia al alza en Burgos es preocupante, ya que la provincia ha visto un aumento constante en los últimos meses.

La Necesidad de un Cambio Urgente

La okupación ilegal es un problema serio que requiere una respuesta firme y decidida por parte del Gobierno. Las políticas actuales del PSOE han demostrado ser ineficaces para abordar esta crisis, dejando a muchas familias desprotegidas y vulnerables. La propuesta de ley del PP ofrece una solución práctica y realista que puede ayudar a resolver este problema de manera efectiva.

Es imperativo que el Congreso de los Diputados tome en serio esta propuesta y la apruebe lo antes posible. Las familias de Burgos y de toda España merecen vivir en paz y seguridad, sin el temor constante de perder sus hogares por la acción de okupas ilegales. Solo con medidas contundentes y una legislación efectiva se podrá poner fin a esta crisis y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.